La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes 27 de marzo un proyecto de ley de financiamiento temporal por ocho semanas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras rechazar un acuerdo bipartidista alcanzado horas antes en el Senado. La votación, que resultó en 213 votos a favor y 203 en contra, prolonga un estancamiento legislativo que mantiene parcialmente cerrado al DHS desde el pasado 14 de febrero, acumulando ya 42 días sin presupuesto aprobado.

Dos proyectos de ley, dos visiones opuestas

El conflicto entre ambas cámaras del Congreso refleja profundas diferencias sobre el financiamiento de las agencias migratorias. El Senado aprobó en la madrugada del viernes, mediante voto por voz, un proyecto que reabre la mayoría de las dependencias del DHS, pero excluye expresamente los fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y partes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En contraste, el proyecto impulsado por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, extiende el financiamiento completo del DHS hasta el 22 de mayo, incluyendo todas las agencias de control migratorio a los niveles presupuestarios actuales. Johnson calificó la propuesta del Senado como "una broma" y aseguró que la Cámara no aceptaría un acuerdo que deje sin recursos a las agencias encargadas de la seguridad fronteriza.

Un cierre con consecuencias reales

El cierre parcial del DHS ha generado un impacto directo en la vida cotidiana de millones de estadounidenses, especialmente en el transporte aéreo. Aproximadamente 61.000 trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han dejado de recibir sus salarios, acumulando la pérdida de dos nóminas completas y una parcial desde que el financiamiento caducó.

Las consecuencias operativas son severas. La TSA ha perdido alrededor de 460 agentes que han renunciado a sus puestos, mientras que la tasa de ausentismo en los controles aeroportuarios pasó del 4% previo al cierre al 11% a nivel nacional. En varios aeropuertos, las tasas de ausentismo superan el 40% e incluso el 50%, provocando tiempos de espera superiores a cuatro horas y media en algunos de los principales centros de conexión del país.

Trump firma orden para pagar a agentes de la TSA

Horas antes de la votación en la Cámara, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva instruyendo al DHS a pagar a los trabajadores de la TSA. La medida busca aliviar la presión sobre los agentes aeroportuarios que han seguido trabajando sin remuneración durante semanas, aunque expertos advierten que la recuperación del personal podría tomar días o incluso semanas tras la aprobación de un paquete de financiamiento definitivo.

Perspectivas de resolución se alejan

Las posibilidades de una solución inmediata se desvanecieron cuando el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró que el proyecto aprobado por la Cámara está "muerto antes de llegar" a la cámara alta. El obstáculo adicional es el calendario legislativo: el Senado inició un receso de dos semanas y no tiene previsto regresar hasta el lunes 13 de abril.

El representante Andy Harris, presidente del Freedom Caucus republicano, condicionó su apoyo a que cualquier proyecto incluya el financiamiento de ICE y CBP, además de un requisito federal de identificación para votantes, lo que añade una capa más de complejidad a las negociaciones.

El origen del estancamiento se remonta a las semanas posteriores a un incidente en Minnesota donde agentes federales dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante un operativo migratorio, lo que desató demandas demócratas de reformas en las agencias de aplicación migratoria como condición para aprobar el presupuesto.

Lo que viene

Con ambas cámaras aprobando proyectos incompatibles y el Senado en receso, el cierre parcial del DHS parece encaminado a superar las seis semanas sin resolución a la vista. La situación plantea interrogantes sobre el funcionamiento sostenible de la seguridad aeroportuaria y las operaciones fronterizas mientras los legisladores permanecen en un punto muerto político que afecta directamente a trabajadores federales y viajeros por igual.

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