Trump pide a Corte Suprema eliminar ciudadanía por nacimiento

La administración de Donald Trump presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos un argumento que señala el turismo de nacimiento como evidencia de que la ciudadanía por derecho de nacimiento debe ser eliminada. El planteamiento, formulado en el marco de un caso que podría redefinir la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, representa un paso significativo en la estrategia migratoria del gobierno federal durante abril de 2026.

El argumento ante la Corte Suprema

Los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la práctica del turismo de nacimiento —en la que mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz en territorio estadounidense para que sus hijos obtengan la ciudadanía automática— demuestra que el sistema actual es vulnerable a la explotación y requiere una revisión profunda.

La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana del país. Durante más de un siglo, esta disposición se ha interpretado de manera amplia para otorgar la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Sin embargo, la administración Trump argumenta que la frase "sujeta a su jurisdicción" fue diseñada para excluir a ciertos grupos, incluidos los hijos de personas que se encuentran en el país de manera temporal o sin autorización legal.

Contexto de una agenda migratoria más amplia

Este movimiento ante la Corte Suprema no ocurre de manera aislada. Se enmarca dentro de una serie de acciones que la administración Trump ha emprendido en materia migratoria y de política interior.

Un tribunal de apelaciones determinó recientemente que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, terminó de manera ilegal las protecciones contra la deportación para ciudadanos venezolanos y haitianos, lo que refleja la postura agresiva del gobierno en temas de inmigración y las frecuentes batallas legales que enfrenta el ejecutivo.

Paralelamente, la administración ha generado controversia por su manejo de programas de asistencia social. Funcionarios federales exigieron a los estados revertir los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), lo que generó advertencias sobre un "impacto catastrófico" en las comunidades más vulnerables del país.

En el frente comercial, el presidente Trump también propuso aumentar los aranceles globales del 10% al 15%, una medida anunciada tras un fallo de la Corte Suprema que evidencia la amplitud de la agenda del ejecutivo en múltiples frentes simultáneos.

Implicaciones legales y constitucionales

La posibilidad de que la Corte Suprema reconsidere la interpretación de la ciudadanía por nacimiento tendría consecuencias de gran alcance. Expertos en derecho constitucional señalan que cualquier modificación a esta doctrina afectaría no solo a los hijos de turistas, sino potencialmente a millones de personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres no tenían residencia permanente al momento de su nacimiento.

Organizaciones de derechos civiles han expresado su rechazo al argumento de la administración, calificándolo como un intento de restringir un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Para estos grupos, la ciudadanía por nacimiento es un pilar de la democracia estadounidense que no debe ser debilitado bajo ninguna circunstancia.

Por otro lado, defensores de una política migratoria más estricta celebran la iniciativa, argumentando que el turismo de nacimiento se ha convertido en una industria que socava la integridad del sistema de ciudadanía y que una interpretación más restrictiva de la Enmienda resulta necesaria para proteger los intereses nacionales.

Perspectivas y próximos pasos

La Corte Suprema aún no ha emitido una decisión sobre si aceptará revisar el caso en su totalidad. Si los magistrados deciden tomarlo, sería la primera vez en la historia moderna que el máximo tribunal aborda directamente la cuestión de si la ciudadanía por nacimiento debe aplicarse de manera universal o si admite excepciones.

La decisión podría llegar en un momento particularmente sensible, dado el clima político polarizado en torno a la inmigración y las múltiples batallas legales que la administración Trump sostiene en diversos frentes. El resultado no solo definiría el futuro de la política migratoria estadounidense, sino que también sentaría un precedente constitucional que podría perdurar durante generaciones.