Trump recurre a fallo de 1884 contra un nativo americano para limitar ciudadanía por nacimiento

La administración del presidente Donald Trump ha recurrido a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1884, originalmente dictado en contra de un hombre nativo americano, como argumento central en su intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país. El caso, conocido como Elk v. Wilkins, será pieza clave cuando el máximo tribunal escuche los argumentos orales el próximo 1 de abril de 2026 en el expediente Trump v. Barbara, uno de los litigios constitucionales más relevantes de las últimas décadas.

La orden ejecutiva que desató la batalla legal

El 20 de enero de 2025, primer día de su segundo mandato, Trump firmó la orden ejecutiva 14160, que busca negar la ciudadanía automática a los bebés nacidos en territorio estadounidense cuyos padres se encuentren en el país de forma indocumentada o con estatus migratorio temporal. La medida nunca ha entrado en vigor: jueces federales en Seattle y Maryland la bloquearon de inmediato tras múltiples demandas presentadas por organizaciones de derechos civiles, gobiernos estatales y mujeres embarazadas directamente afectadas.

La Corte Suprema aceptó revisar el caso en diciembre de 2025, específicamente el expediente Barbara, y programó las audiencias orales para el 1 de abril de 2026. Se espera una decisión definitiva para finales de junio o principios de julio.

El caso Elk v. Wilkins: un precedente de 1884

El argumento central de la administración Trump descansa en Elk v. Wilkins, un fallo de 1884 en el que la Corte Suprema determinó, por una mayoría de 7 a 2, que John Elk, un hombre de la tribu Winnebago nacido en una reserva indígena dentro del territorio de Estados Unidos, no era ciudadano estadounidense. Según el tribunal de aquella época, Elk no estaba sujeto a la jurisdicción completa de Estados Unidos al momento de su nacimiento, un requisito establecido por la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.

La administración Trump sostiene que esta interpretación demuestra que la frase «sujetos a la jurisdicción» de la Decimocuarta Enmienda no abarca a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, sino únicamente a aquellas cuyos padres tienen un vínculo legal permanente con el país. Los abogados del gobierno argumentan que, al igual que los nativos americanos en reservas no eran considerados bajo plena jurisdicción en 1884, los hijos de inmigrantes indocumentados tampoco deberían serlo hoy.

Expertos cuestionan la analogía

Especialistas en derecho indígena y constitucional han rechazado esta lectura del precedente. Señalan que Elk v. Wilkins se refería a una situación jurídica única: las tribus nativas americanas eran consideradas naciones soberanas con las que Estados Unidos mantenía tratados, lo que creaba una jurisdicción especial que no es comparable con la situación migratoria actual.

Además, el propio Congreso corrigió la exclusión de los nativos americanos al aprobar la Ley de Ciudadanía Indígena de 1924, que otorgó la ciudadanía plena a todos los nativos americanos nacidos en el país. Este acto legislativo, argumentan los críticos, demuestra que la decisión de 1884 fue un error histórico que fue rectificado, no un principio vigente que deba ampliarse.

Los demandantes en el caso Trump v. Barbara sostienen que la orden ejecutiva contradice tanto la jurisprudencia establecida como el texto literal de la Decimocuarta Enmienda, que establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos».

Las preguntas prácticas que inquietan a los magistrados

Durante las etapas previas del proceso, el juez Brett Kavanaugh planteó una serie de cuestionamientos sobre la viabilidad práctica de la orden ejecutiva. Entre sus preguntas destacaron: si los hospitales tendrían que modificar sus procedimientos al registrar a los recién nacidos, si los gobiernos estatales deberían implementar nuevos protocolos de verificación y cómo se determinaría el estatus migratorio de los padres en el momento del parto.

Organizaciones como la ACLU y la NAACP Legal Defense Fund han advertido que la implementación de la orden generaría un caos administrativo sin precedentes y dejaría a miles de recién nacidos en un limbo jurídico, sin nacionalidad definida.

Lo que viene: una decisión histórica

Con las audiencias orales fijadas para el 1 de abril, el caso Trump v. Barbara se perfila como una de las decisiones constitucionales más trascendentales del período 2025-2026. El fallo determinará si la interpretación de la ciudadanía por nacimiento que ha prevalecido durante más de un siglo puede ser alterada mediante una orden ejecutiva presidencial, o si la Decimocuarta Enmienda mantiene su alcance amplio tal como ha sido entendida desde su ratificación en 1868.

La decisión no solo afectará a las familias inmigrantes en Estados Unidos, sino que sentará un precedente sobre los límites del poder ejecutivo frente a las garantías constitucionales fundamentales.