Israel aprueba pena de muerte obligatoria para palestinos de Cisjordania
El Knesset aprobó por 62 votos la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por actos terroristas letales. La ley genera condena internacional.
El parlamento israelí aprobó el lunes 30 de marzo de 2026 una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento como castigo obligatorio para residentes de Cisjordania condenados por actos terroristas que resulten en la muerte de personas. La votación en el Knesset arrojó 62 votos a favor, 47 en contra y una abstención, con el primer ministro Benjamin Netanyahu entre quienes respaldaron la medida.
Qué establece la nueva legislación
La Ley de Pena de Muerte para Terroristas convierte la ejecución por ahorcamiento en la sentencia predeterminada para palestinos juzgados en tribunales militares por ataques letales clasificados como terrorismo. Los jueces podrán optar por cadena perpetua únicamente bajo "circunstancias especiales", un término que la legislación no define con precisión.
Entre las disposiciones más severas, la ley establece que la ejecución deberá llevarse a cabo dentro de los 90 días posteriores a la sentencia. Además, los condenados a muerte bajo esta normativa no tendrán derecho a indulto, lo que la convierte en una de las legislaciones de pena capital más estrictas del mundo.
Hasta ahora, la pena de muerte existía formalmente en la legislación israelí, pero se había aplicado en una única ocasión: la ejecución del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962. Los tribunales israelíes solo podían imponer la pena capital bajo circunstancias extremadamente limitadas y con la decisión unánime de un panel de jueces.
Aplicación selectiva y cuestionamientos legales
Organizaciones de derechos humanos y expertos legales señalan que la ley, en la práctica, se aplicará exclusivamente a palestinos. Dado que solo los palestinos son juzgados en tribunales militares israelíes, los ciudadanos y residentes israelíes quedan explícitamente excluidos de su alcance principal.
La legislación incluye una disposición separada que permite imponer la pena de muerte a cualquier persona, incluidos ciudadanos israelíes, pero únicamente cuando el acto busque "negar la existencia del Estado de Israel". Según analistas, esta definición fue diseñada para excluir a extremistas judíos que cometan actos de violencia.
Human Rights Watch calificó la ley como discriminatoria, al señalar que "en realidad, consolida la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos sellos distintivos del apartheid". Por su parte, Amnistía Internacional exigió la derogación inmediata de la normativa.
La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya presentó una petición ante el Tribunal Superior de Justicia demandando la anulación de la ley.
Origen político de la iniciativa
El proyecto fue impulsado por el partido ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. La formación política ha presionado durante años por la implementación de la pena de muerte para atacantes palestinos como parte de su agenda de seguridad.
El voto favorable de Netanyahu marcó un giro significativo, ya que anteriormente el primer ministro había mantenido una posición ambigua respecto a la pena capital. Su respaldo se produce en un contexto de dependencia política de los partidos de extrema derecha que sostienen su coalición de gobierno.
Condena internacional generalizada
La reacción internacional fue inmediata y contundente. Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido emitieron un comunicado conjunto condenando la legislación antes de su aprobación definitiva.
Diversas organizaciones internacionales advirtieron que la ley no funcionará como elemento disuasorio, sino que podría escalar el ciclo de violencia en la región. Críticos dentro de Israel también señalaron que la normativa erosiona el carácter democrático del Estado.
Perspectiva y próximos pasos
El futuro inmediato de la ley dependerá en gran medida de la decisión del Tribunal Superior de Justicia israelí sobre las peticiones de inconstitucionalidad ya presentadas. La corte deberá evaluar si la legislación vulnera los derechos fundamentales reconocidos en las Leyes Básicas de Israel.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación una medida que, según expertos en derecho internacional, podría constituir una violación del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíbe la imposición de la pena de muerte por una potencia ocupante a personas protegidas en territorios ocupados.